La comisionada urgió al Estado a implementar políticas públicas para prevenir el desplazamiento forzado de niñas, niños y adolescentes que huyen de sus comunidades por amenazas y violencia, resaltando que la niñez es uno de los sectores de la población hondureña más vulnerables, directa e indirectamente ante esta problemática.

La Defensora del Pueblo advirtió que entre 2019 y 2024 se atendieron más de 7,100 quejas que afectaron a unas 18,100 personas; 20 de cada 100 desplazados por violencia eran menores de edad. El 2023 fue el año más crítico, con 1,243 menores afectados; cinco departamentos concentran el 84 % de los casos, encabezados por Francisco Morazán y Cortés.

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De acuerdo al seguimiento brindado a las quejas, por parte de la UDFI, en el 69% de los casos de niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo de desplazamiento, el principal responsable son las maras y pandillas, en un 22% el agresor es desconocido, en un 5% por bandas criminales y en apenas un 4% son personas conocidas.

La Defensoría de la Niñez advirtió que, pese a existir una ley de protección, no se observa una respuesta contundente en investigación y sanción de los responsables.

Actualmente, el CONADEH aúna esfuerzos conjuntos con organizaciones e instituciones con las cuales comparte el interés para salvaguardar la vida de las personas y proveer condiciones para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.

Hasta ahora los grupos de población con mayores necesidades de protección por el desplazamiento forzado están las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas adultas mayores, personas indígenas y afro hondureñas y personas de la población LGTBI.

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